MILEI DECLARÓ SECRETA UNA COMPRA MILITAR Y NO SE INFORMÓ QUÉ EQUIPAMIENTO ADQUIRIRÁ EL GOBIERNO
La medida quedó oficializada mediante el Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La disposición busca resguardar información vinculada con las operaciones contractuales de material destinado a la defensa nacional.
El Gobierno nacional declaró secreto militar a las operaciones contractuales necesarias para concretar una adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas, mediante el Decreto 1205/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial de la República Argentina.
La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, y establece que las actuaciones administrativas vinculadas con la operación quedarán exceptuadas de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión del proceso de contratación.
La decisión se fundamenta en la necesidad de proteger información que, por su naturaleza, características y finalidad, podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Argentina si llegara a ser divulgada.
UNA ADQUISICIÓN BAJO RESERVA
El artículo 1° del decreto declara secreto militar, en los términos del Decreto 9390/1963, a las operaciones contractuales necesarias para ejecutar las adquisiciones identificadas en el expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD.
Sin embargo, el texto publicado no especifica qué equipamiento se pretende adquirir, cuál es el monto de la operación, qué empresas participarían como proveedoras ni cuáles son las características técnicas del material involucrado.
La clasificación alcanza las actuaciones contractuales relacionadas con la adquisición, por lo que la información correspondiente no estará sujeta a las reglas habituales de publicidad y difusión previstas para ese procedimiento.
El decreto tampoco precisa qué fuerza recibirá el equipamiento ni establece públicamente el cronograma de ejecución de la operación. Por ese motivo, no es posible determinar, a partir de la norma, si se trata de armamento, vehículos, sistemas tecnológicos, insumos logísticos u otro tipo de material destinado a la defensa.
LOS FUNDAMENTOS DE LA MEDIDA
En sus considerandos, el Poder Ejecutivo sostiene que el Ministerio de Defensa identificó un proceso de adquisición cuyo contenido debe ser conocido exclusivamente por personas autorizadas, debido a que su divulgación podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación.
Para fundamentar la decisión, el Gobierno invoca la Ley 23.554 de Defensa Nacional, que establece entre sus objetivos garantizar la soberanía y la independencia del país, preservar su integridad territorial y proteger la vida y la libertad de sus habitantes.
También cita la Ley 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, que asigna al Ministerio de Defensa responsabilidades en la evaluación y determinación de los requerimientos de equipamiento necesarios para desarrollar las capacidades operativas de las fuerzas.
A su vez, el Decreto 9390/1963 contempla dentro de los asuntos considerados secretos militares determinadas adquisiciones, fabricaciones, construcciones y las negociaciones y trámites relacionados con ellas, cuando reúnen las condiciones previstas por esa normativa.
Sobre esa base, el Poder Ejecutivo resolvió aplicar el régimen de reserva a las operaciones contractuales identificadas en el expediente administrativo.
EL PAPEL DEL MINISTERIO DE DEFENSA
El artículo 2° autoriza al Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, a instrumentar los actos necesarios para hacer efectiva la medida.
De esta manera, el organismo deberá llevar adelante los procedimientos administrativos correspondientes para ejecutar las adquisiciones comprendidas en el expediente, bajo el régimen de confidencialidad establecido.
La decisión se enmarca en las atribuciones del Poder Ejecutivo en materia de defensa nacional y en las responsabilidades del Ministerio de Defensa respecto del equipamiento y las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.
El decreto invoca, además, el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional, que establece las atribuciones del presidente como jefe de Gobierno y responsable político de la administración general del país.
EL CONTEXTO DE LA DISPUTA POR MALVINAS
La publicación de la norma se produce en un escenario de tensiones diplomáticas entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y las actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en el área.
En las últimas semanas, la cuestión volvió a ocupar un lugar relevante en la agenda bilateral, en medio de las iniciativas argentinas destinadas a defender sus derechos soberanos y de las respuestas británicas frente a las medidas impulsadas por Buenos Aires.
En ese contexto, el equipamiento y las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas forman parte de los asuntos estratégicos de la defensa nacional. No obstante, el Decreto 1205/2026 no menciona expresamente a las Islas Malvinas ni establece que la adquisición reservada esté vinculada con el diferendo con el Reino Unido.
Por lo tanto, aunque la decisión se conoce en un momento de tensión diplomática, el texto oficial no permite establecer una relación directa entre esa controversia y el material contemplado en el expediente.
UN MECANISMO PREVISTO EN LA NORMATIVA DE DEFENSA
La declaración de secreto militar se apoya en un mecanismo jurídico vigente desde hace décadas, que permite mantener bajo reserva determinadas operaciones cuando la divulgación de información puede afectar intereses vinculados con la defensa nacional.
La aplicación de este régimen permite preservar la confidencialidad de las actuaciones contractuales comprendidas en la medida, mientras los organismos competentes avanzan con los procedimientos administrativos necesarios para concretar la adquisición.
El Decreto 1205/2026 no declara secreto militar a todas las compras del Ministerio de Defensa, sino a las operaciones contractuales correspondientes a las adquisiciones identificadas en un expediente específico.
La norma fue publicada en el Boletín Oficial el lunes 19 de octubre de 2026, luego de haber sido firmada el 16 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. LEE EL DECRETO AQUÍ
Lucas Fallocco Carranza
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