La discusión sobre la propiedad de la tierra volvió a ocupar el centro del debate nacional a partir del tratamiento de un proyecto para modificar la Ley de Tierras Rurales. Más allá de las posiciones políticas, hay un interrogante que atraviesa a la sociedad: conocer quiénes son los propietarios de los campos argentinos y cuál es el verdadero alcance de la extranjerización de las tierras.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, estableció que la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros no puede superar el 15% del territorio a nivel nacional, provincial y departamental. Además, creó el Registro Nacional de Tierras Rurales para controlar esas operaciones y llevar estadísticas oficiales.

Los datos más recientes publicados por el propio Registro, actualizados a agosto de 2025, indican que ninguna provincia argentina supera ese límite legal, incluida Córdoba.

Sin embargo, allí aparece una de las principales dificultades para cualquier investigación periodística. Aunque el Estado publica mapas con rangos de extranjerización por provincia y por departamento, no difunde un listado público con el porcentaje exacto correspondiente a Córdoba ni identifica a los propietarios extranjeros de cada jurisdicción.

Esto significa que cualquier afirmación sobre un porcentaje preciso de tierras extranjerizadas en Córdoba carecería de respaldo oficial si no surge de un pedido específico de acceso a la información pública.

Aun así, distintas investigaciones académicas y periodísticas coinciden en que la presencia de capitales extranjeros suele concentrarse en regiones con alto valor productivo, turístico o ambiental. En Córdoba, esas zonas incluyen departamentos como Calamuchita, Punilla, San Javier, Cruz del Eje, Ischilín y sectores de Río Cuarto, donde existen establecimientos rurales, desarrollos turísticos y grandes campos agropecuarios que históricamente despertaron interés de inversores del exterior. Estas referencias describen tendencias, pero no constituyen un ranking oficial.

En cuanto al origen de esos propietarios, el Registro Nacional publica estadísticas por nacionalidad a nivel país. Los principales titulares extranjeros de tierras rurales en Argentina provienen de Estados Unidos, Italia y España, además de otros países europeos. Sin embargo, no existe una publicación oficial que detalle cuántas hectáreas posee cada nacionalidad dentro de la provincia de Córdoba.

Otra realidad que surge al analizar la documentación oficial es que conocer el dueño de un campo específico sí es posible mediante informes registrales y catastrales, pero no existe una base de datos pública que permita consultar de manera masiva todos los propietarios extranjeros de una provincia.

En medio del debate legislativo, el Gobierno nacional impulsa modificaciones al régimen vigente, mientras distintos sectores sostienen posiciones contrapuestas sobre el impacto que esos cambios podrían tener en la inversión, la producción y la soberanía sobre los recursos naturales.

Quizás la principal conclusión no sea cuánto territorio está en manos extranjeras, sino cuánto desconocen los ciudadanos sobre la propiedad de la tierra en su propio país. La información existe dentro del Estado, pero buena parte de esos datos no está disponible de forma abierta y detallada para la sociedad.

En tiempos donde la transparencia ocupa un lugar central en la agenda pública, facilitar el acceso a esa información permitiría que el debate sobre la tierra se base en evidencia verificable y no en especulaciones.