La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos vinculados a los bloqueos que paralizaron gran parte del país durante 53 días entre mayo y junio.

La disposición fue firmada por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar y ordena a la Policía proceder con la detención y el traslado de Morales a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción. La investigación se originó tras denuncias presentadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno.

El exmandatario es investigado por seis presuntos delitos: alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Las denuncias sostienen que Morales fue uno de los principales impulsores de las movilizaciones y los bloqueos que se extendieron por distintas regiones del país, con más de 100 puntos de corte, principalmente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Durante las siete semanas de protestas, organizaciones campesinas, sectores de la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos afines al expresidente realizaron bloqueos de rutas que provocaron graves problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades.

Según datos difundidos por la Defensoría del Pueblo, los enfrentamientos y las protestas dejaron un saldo de al menos 22 personas fallecidas y 88 heridas. Además, las pérdidas económicas fueron estimadas en más de USD 3.000 millones, con fuerte impacto sobre la producción y el transporte de mercaderías, especialmente en el departamento de Santa Cruz.

Junto a Morales, la orden de aprehensión también alcanza al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, y al dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, quien permanece detenido preventivamente desde el 6 de julio, acusado de organizar parte de los bloqueos en el occidente del país.

Tras conocerse la medida judicial, Morales rechazó las acusaciones y afirmó en su cuenta de X que continuará acompañando las demandas sociales. El expresidente sostuvo que el proceso busca responsabilizarlo por las movilizaciones para desviar la atención de la crisis económica y social que, según su postura, atraviesa Bolivia.

Morales también negó haber promovido la renuncia del presidente Rodrigo Paz y aseguró que las protestas respondieron a reclamos sociales por la situación económica. No obstante, durante el conflicto había planteado públicamente que el mandatario debía convocar a elecciones en un plazo de 90 días o afrontar una creciente conflictividad.

Ante la continuidad de los bloqueos, el Gobierno boliviano decretó el estado de excepción el 20 de junio y ordenó el despliegue de la Policía y las Fuerzas Armadas para restablecer la circulación en las principales rutas del país.

Actualmente, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, considerado su principal bastión político, donde se encuentra resguardado por seguidores desde octubre de 2024. Además de esta investigación, enfrenta otra causa judicial por presunta trata agravada de personas. En mayo, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía tras no presentarse al inicio del juicio correspondiente y dictó una orden de captura que continúa pendiente de ejecución.