La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles por unanimidad la Ley Antibúnker, una normativa que incorpora nuevas herramientas administrativas y judiciales para intervenir inmuebles utilizados para la comercialización de drogas, como aguantaderos o guaridas del delito, además de edificios abandonados o deteriorados que favorezcan la comisión de hechos delictivos y afecten la convivencia en los barrios.

La ley establece un régimen específico para actuar de manera temprana sobre este tipo de propiedades mediante inspecciones, informes técnicos y resoluciones fundadas que podrán habilitar medidas preventivas como clausuras provisorias, tapiados, cerramientos, bloqueos de accesos, custodia o aseguramiento de los inmuebles, siempre respetando las competencias del Poder Judicial y el debido proceso.

La normativa determina que las intervenciones podrán realizarse cuando existan condiciones objetivas de deterioro relevante, desmantelamiento, riesgo de derrumbe o cuando los inmuebles hayan estado vinculados de manera actual, anterior o reiterada a actividades delictivas.

El Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación del régimen. En los casos relacionados con el microtráfico y el funcionamiento de búnkeres de venta de drogas, la coordinación estará a cargo del Ministerio de Justicia y Trabajo, con participación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Además, la ley crea una Unidad Interagencial integrada por representantes del Gobierno provincial, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba, la FPA, municipios y comunas, con el objetivo de coordinar las intervenciones y fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos organismos.

La norma también dispone la creación del Registro Provincial de Bienes Intervenidos, que centralizará la información sobre los inmuebles alcanzados por el régimen, permitirá realizar el seguimiento de cada actuación y facilitará la planificación de futuras intervenciones.

Otro de los puntos incorporados establece un esquema para la administración de los bienes decomisados en causas vinculadas al narcotráfico. Según la ley, el 60% de los recursos obtenidos será destinado al fortalecimiento operativo, logístico, tecnológico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, mientras que el 40% restante se asignará a programas de prevención y abordaje integral de las adicciones.

Asimismo, la iniciativa invita a municipios y comunas de la provincia a adherir al nuevo régimen mediante convenios de cooperación con el Gobierno provincial para facilitar la intervención y recuperación de inmuebles vinculados a organizaciones criminales.

Durante la presentación del proyecto, el gobernador Martín Llaryora señaló que la iniciativa busca incorporar nuevas herramientas para la intervención de inmuebles utilizados para actividades ilícitas y sostuvo que el objetivo es reforzar las políticas de seguridad. También planteó la necesidad de que la propuesta contara con el mayor consenso político posible.

La aprobación se concretó con el acompañamiento de todos los bloques legislativos, por lo que la iniciativa fue sancionada por unanimidad. La ley prevé que, cuando las investigaciones estén vinculadas al narcotráfico u otros delitos complejos, será la Justicia la que podrá disponer medidas como desalojos, demoliciones o la restitución de los inmuebles a sus legítimos propietarios, de acuerdo con las facultades previstas por la normativa vigente.