El Gobierno nacional oficializó un decreto mediante el cual autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer, enajenar y/o transferir una serie de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional que han sido considerados sin uso, subutilizados o innecesarios para la gestión pública.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, se apoya en normativas vigentes que facultan a dicho organismo a administrar y redefinir el destino de bienes estatales, siempre con autorización previa del Poder Ejecutivo. En este caso, el decreto habilita específicamente el avance sobre una nómina de propiedades detalladas en un anexo oficial.

De acuerdo al texto, la decisión se fundamenta en la necesidad de optimizar el uso de los recursos del Estado, reducir costos de mantenimiento de inmuebles ociosos y generar ingresos para el Tesoro Nacional. Además, se plantea que la puesta en valor de estos bienes podría impulsar actividades productivas y contribuir al desarrollo económico.

El decreto retoma conceptos ya establecidos en la normativa vigente, como la “desafectación” de bienes (es decir, su desvinculación de un uso específico dentro de la estructura estatal) y su posterior “enajenación”, procedimiento que habilita su venta o transferencia bajo los mecanismos legales correspondientes.

En este contexto, la medida presenta puntos de contacto con procesos que ya se encuentran en curso en distintos puntos del país. Uno de los casos es el de la Unidad Turística de Embalse, en la provincia de Córdoba, donde el complejo fue previamente desafectado y se encuentra en proceso de enajenación, según lo informado oportunamente por fuentes oficiales.

Si bien dicho predio no figura expresamente en el anexo del decreto recientemente publicado, su situación administrativa responde a los mismos criterios mencionados en la normativa: inmuebles de gran extensión, con niveles de utilización reducidos y elevados costos de mantenimiento.

El esquema impulsado por el Gobierno establece que la Agencia de Administración de Bienes del Estado será el organismo encargado de ejecutar las operaciones, previa intervención de las áreas técnicas y jurídicas correspondientes, y conforme a los procedimientos establecidos en la legislación vigente.

La iniciativa se inscribe dentro de una serie de medidas orientadas a reorganizar el patrimonio estatal, con el objetivo de racionalizar su administración y redefinir el destino de aquellos bienes que no cumplen una función activa dentro del sector público.

El decreto entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.