El Gobierno nacional confirmó oficialmente su decisión de avanzar con la privatización del complejo turístico de Embalse, en la provincia de Córdoba, a través de un informe presentado por la Jefatura de Gabinete ante la Cámara de Diputados.

Según se detalla en el Informe 145, el predio fue desafectado de las jurisdicciones correspondientes y actualmente se encuentra en proceso de enajenación, paso previo a su futura venta o concesión a inversores privados. La medida se inscribe en el marco de los cambios introducidos por el Decreto 216/2025, que redefinió el alcance de la intervención estatal en materia turística.

A partir de esta normativa, el Estado nacional dejó de tener entre sus funciones la prestación directa de servicios turísticos y la gestión operativa de establecimientos hoteleros. En ese contexto, la tradicional Unidad Turística Embalse dejará de recibir visitantes, luego de haber alojado a 31.899 personas durante 2023. En 2024, la actividad ya había registrado una caída significativa, con apenas 2.846 plazas ocupadas.

Pese al avance del proceso de privatización, el complejo mantiene su condición de Monumento Histórico Nacional. En este sentido, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) informó que la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos prestó conformidad para iniciar la enajenación, estableciendo que cualquier intervención futura deberá ajustarse estrictamente a la normativa vigente en materia de protección patrimonial.

Desde el Ejecutivo se indicó que el objetivo es atraer inversiones que permitan la restauración y puesta en valor del predio, al tiempo que se optimiza el uso de los recursos públicos y se reduce el costo de mantenimiento del complejo.

En relación con la situación actual, se informó que entre los años 2021 y 2026 no se registraron inversiones de capital destinadas al predio. No obstante, se mantienen tareas de conservación básica a cargo de 30 agentes asignados de manera permanente.

El personal realiza trabajos sobre una superficie aproximada de 300 hectáreas, que incluyen corte de césped y desmalezado, mantenimiento de calles internas, reparación de la red de iluminación (compuesta por más de 300 luminarias), intervenciones en instalaciones hidráulicas y recolección de residuos.

Respecto al futuro laboral de estos trabajadores, se indicó que su situación quedará sujeta a los regímenes y procesos administrativos correspondientes una vez que se concrete el traspaso del complejo.

En cuanto al proceso de concesión, se aclaró que aún no se ha iniciado una licitación pública ni existen empresas adjudicatarias. Los interesados podrán participar a través de los mecanismos formales que serán publicados oportunamente por la AABE, conforme a la normativa vigente.

El informe también precisa que todas las decisiones se desarrollan en coordinación con las autoridades locales y bajo cumplimiento de las normativas provinciales y municipales.

En ese marco, el Gobierno señaló que la medida forma parte de un proceso de reorganización orientado a implementar esquemas de gestión más eficientes, sostenibles y acordes al nuevo marco legal vigente para el sector turístico.

Finalmente, se indicó que el estado actual del complejo presenta un deterioro estructural en distintos sectores, con áreas fuera de servicio o en desuso, lo que fue considerado en la evaluación integral que dio origen a la decisión de avanzar con nuevas modalidades de gestión para el predio.