Tomás Orihuela, de 19 años de edad, se encuentra internado en estado crítico en el Hospital Córdoba bajo un cuadro de edema cerebral, compromiso pulmonar y renal. El episodio se originó en el interior de la Comisaría Nº 6 de barrio General Paz, lugar donde el joven permanecía aprehendido bajo custodia de la Policía de la Provincia de Córdoba.

Según el informe oficial de la fuerza de seguridad, el personal de guardia halló a Orihuela en el interior de su celda con una prenda de vestir alrededor del cuello. El reporte indica que, tras advertir la situación, se procedió a realizar maniobras de reanimación y se solicitó la asistencia de un servicio de emergencias, el cual constató la presencia de pulso antes de efectuar su traslado de urgencia al centro de salud. La versión institucional sostiene la hipótesis de una tentativa de autolesión.

Por su parte, el entorno familiar del joven ha rechazado formalmente la reconstrucción policial y ha expuesto una cronología de hechos que califican como persecución. De acuerdo con los testimonios brindados, Orihuela había recuperado la libertad recientemente tras cumplir una condena de cuatro meses. Sin embargo, en un lapso menor a una semana, fue objeto de dos nuevas detenciones. La primera de ellas se produjo a la salida de un local comercial bajo el argumento de un pedido de captura emitido por la provincia de Entre Ríos, situación que fue desestimada tras la presentación de documentación que acreditaba la resolución de dicha causa.

Dos días después de ese incidente, el joven fue detenido nuevamente en un operativo en el barrio Bajo Pueyrredón por una causa que, según sus allegados, también se encontraba cumplida. Fue durante este último periodo de detención cuando se produjo el traslado al hospital. La familia fundamenta su sospecha en la presunta existencia de un registro de audio atribuido a una oficial de la fuerza, donde se escucharía una frase peyorativa sobre el destino del detenido, además de cuestionar la lógica del supuesto intento de suicidio dado que el joven no presentaba antecedentes de conductas depresivas y esperaba su liberación inminente.

La investigación judicial ha quedado a cargo de la fiscal Silvana Fernández, quien deberá determinar la mecánica de los hechos y las responsabilidades del personal policial que se encontraba de guardia al momento del incidente. En el marco de estas demandas de justicia, se han registrado movilizaciones y cortes de calzada en diversos puntos de la capital provincial por parte de allegados al joven damnificado.